La República: Fiscalía detecta indicios de doble contabilidad en Fuerza Popular

La República: Fiscalía detecta indicios de doble contabilidad en Fuerza Popular

Aportantes fantasmas. La hipótesis del Ministerio Público es que el partido naranja presentó libros contables falsos para ocultar aportes de Odebrecht. También hallaron indicios de falsos aportantes, según la resolución judicial para el allanamiento.

Para cambiar algo, hay que hacer algo distinto. Esto es lo que pretende hacer el fiscal José Domingo Pérez Gómez en la investigación sobre los presuntos aportes de Odebrecht a la candidata y lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori.

Con ese objetivo, Pérez Gómez decidió salir de su escritorio y enfrentar al partido político con mayoría hoy en el Congreso. Así, el martes solicitó al juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho autorizar el allanamiento y registro domiciliario de los dos principales locales de FP.

La casona de la avenida 9 de Noviembre, ex Paseo Colón, N° 422, en el Cercado de Lima, y el búnker de la calle Los Morochucos N° 140, en la urbanización Santa Constanza, en Santiago de Surco.

En este segundo lugar, Fujimori tiene una oficina desde la que dirige su partido y el Congreso de la República, vía sus disciplinados parlamentarios. Allí también tienen oficinas sus colaboradores Pier Figari, Ana Herz y probablemente algunos congresistas.

Los allanamientos se sustentan en una investigación iniciada en agosto último por el fiscal Germán Juárez Atoche por la anotación “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” en la agenda telefónica de Marcelo Odebrecht y parte de la declaración que el empresario brasileño ofreció en mayo último, en la ciudad de Curitiba, en la investigación al ex presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia.

La fiscalía aún no puede utilizar la declaración de Marcelo Odebrecht, realizada en noviembre último, porque este material permanece embargado en Curitiba.

Tampoco puede sustentarse en la investigación a los fujicócteles y la ONG Liberty Institute, porque la jueza Elizabeth Arias Quispe, vía control de plazo, le ha pedido pasar a investigación preparatoria o archivar el caso.

En esta investigación, que Pérez Gómez retomó en setiembre, la fiscal ha incautado libros contables, recibido testimonios y realizado pericias contables, en función de lo cual se concluye la existencia de una contabilidad paralela, falsos aportantes y aportantes fantasmas.

Según documentos a los que anoche tuvo acceso La República, la fiscalía ha determinado que los representantes de Fuerza Popularal ser requeridos por el Ministerio Público no exhibieron todos sus libros contables, lo que “evidencia una doble contabilidad o contabilidad paralela en el Partido Fuerza Popular (Fuerza 2011) que podría implicar mecanismos para ocultar el dinero entregado por la empresa Odebrecht y/o vinculadas”.

La misma información fue recogida y publicada por el portal Ojo Público, previa a la conferencia de Keiko Fujimori. Confrontada por los periodistas con esa información, la candidata y dirigente de Fuerza Popular negó la existencia de una contabilidad paralela.

Los documentos judiciales obtenidos por La República confirman esa información que sustentó la orden de allanamiento. Para el fiscal Pérez Gómez y el juez Concepción Carhuancho hay contabilidad paralela, falsos aportantes, maquillaje de las cifras y ocultamiento de gastos.

La fiscalía también sostiene que FP se resistió a entregar sus libros contables y recién después de reiterados pedidos, el 11 de octubre del 2017 presentó copias legalizadas de algunos.

Luego, el 1° de diciembre último un representante de la fiscalía se constituyó a la notaría del doctor Isaac Higa Nakamura, donde constató el Índice Cronológico de Legalización y Apertura de Libros Contables del Partido Político Fuerza Popular.

La notaría registra la legalización de 14 libros contables, mientras que hasta el momento solo se han exhibido ocho libros, por lo tanto se ha iniciado la búsqueda de los otros seis que se esperaba encontrar en los locales allanados.

Ante esta situación el 24 de octubre se realizó una diligencia de incautación y aseguramiento de los registros contables originales, lo que ha permitido establecer otras irregularidades.

En las copias legalizadas presentadas por FP se ha evidenciado duplicado con el número de legalización, correspondientes a libros diarios y de caja de marzo del 2010 y de abril del 2010. También se han encontrado inconsistencias entre los documentos que FP había entregado al perito del Ministerio Público y los libros exhibidos, asegurados e incautados, el 24 de noviembre.

Así, por ejemplo, el perito tuvo en una cuenta un libro caja donde se registraron aportes en especie por un total de S/ 980.305,93, pero en los libros contables incautados aparecen otros montos.

“Se establece que en el libro del partido político Fuerza Popularempleado en el dictamen pericial (…) no registraría cuentas o anotaciones que se encuentran detalladas en el libro exhibido, asegurado e incautado por el Ministerio Público, lo que podría implicar que en el Dictamen Pericial no se haya analizado cuentas o partidas destinadas a ocultar el dinero entregado por la empresa Odebrecht”, subraya la fiscalía.

Igualmente, se han encontrado facturas por publicidad electoral en televisión a favor de Fuerza Popular (Fuerza 2011) no registradas en cuentas o anotaciones en los Libros exhibidos, asegurados e incautados (…) lo que podría evidenciar que se ha ocultado el dinero entregado por la empresa Odebrecht.

También se evidencian discrepancias entre la información entregada por FP a ONPE y la registrada en los libros contables. A la ONPE se identifica determinado aportante que no aparece en los libros contables.

Aportantes fantasmas

Ante la ONPE se identificó como aportante a un ciudadano extranjero, Osamu Miyamoto con 8,210 soles, identificado con carnet de extranjería, que no aparece en los registros de Migraciones.

Luego se ha obtenido la declaración del testigo protegido TP-2017-55-1, quien según el padrón de aportaciones realizó un abono de 13,845 soles, en tanto que a la ONPE se presentó un recibo de aportaciones por US$ 5,000.

Este testigo ha negado haber realizado dichos aportes y señala que Nolberto Rimarachín Díaz y Rolando Reátegui Flores lo habrían inducido a declarar ese aporte.

“El señor Rolando Reátegui nos dice que se han excedido en la campaña y no pueden sustentar sus gastos de campaña y por eso (…) que ustedes como gente de confianza se pongan como donantes del partido” en la campaña del 2011, declaró el testigo.

Luego, dice le hicieron firmar dos papeles en blanco y entregar copia de su DNI. Lo mismo hicieron los que estaban en la reunión convocada por Reátegui y Rimarachín.

A partir de lo cual se concluye que los nombres de aportantes presentados ante la ONPE no cuentan con la debida solvencia económica para acreditar los montos que declaran haber aportado.

El fiscal también sustentó que se evidenciaba una resistencia de los dirigentes de Fuerza Popular para informar de sus gastos y origen de sus ingresos e inclusos “olvidar” datos relevantes del manejo económico, como los nombres de los tesoreros.

Por ejemplo, el fiscal reseñó la declaración del secretario general de FP, José Chlimper Ackerman. “El Partido Político al que usted representa contó con algún tipo de asesoría para la campaña del 2011, de ser así, quiénes fueron sus asesores, quiénes los contrató o a cuánto ascendían sus remuneraciones y si estas habían sido declaradas a la ONPE”, preguntaron a Chlimper

“No tengo conocimiento”, respondió el dirigente. El fiscal infirió que Chlimper “se opone a que el Ministerio Público obtenga evidencias del aporte de la empresa Odebrecht y/o vinculadas a la organización”.

Con toda esa información, las declaraciones de los testigos y las pericias contables, el fiscal Pérez Gomez logró que el juez Concepción Carhuancho autorice el allanamiento.

El allanamiento es un trámite simple que está normado en los artículos 214, 215 y 216 del Código Procesal Penal. De acuerdo con la norma, la orden de allanamiento caduca en siete días y el fiscal tiene 48 horas para desarrollarla.

Pérez Gómez decidió actuar de inmediato. Encargó a un fiscal adjunto realizar el interrogatorio a Keiko Fujimori. Ella no asistió, según justificó más tarde, porque su abogado Edward García Navarro tenía que participar en los allanamientos.

A las 7:30 de la mañana, con el respaldo de la policía, Pérez y sus adjuntos Walter Villanueva Luicho, Elvia del Carmen Caro Izquierdo y Jorge Vargas Sueldo tocaban las puertas y empezaban los allanamientos. Luego de 10 horas, los fiscales se retiraron con diversa documentación, computadoras y laptops.

Investigación

Delito. La investigación realizada por el fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori es por presunto delito de lavado de activos, al utilizar en la campaña del año 2011 dinero sucio aportado por la constructora Odebrecht.

Resistencia. El 13 de octubre, el representante de Fuerza Popular no cumplió con exhibir los originales de los libros contables y solo remitió copias legalizadas.

Fuente: La República

 

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